La inusitada situación legislativa sobre la sanidad ejemplifica el caos político que ha comportado para Estados Unidos las mayorías demócratas en el Congreso junto a la presidencia de Barack Obama. La nación va de mal en peor en distintos frentes, tanto nacionales como internacionales, y el caos de la sanidad es sólo la punta del iceberg.
El caos sobre la sanidad radica no sólo en el contenido del proyecto de ley, sino también en el proceso de aprobación que ronda ya con lo inconstitucional. Con todo, la socialdemocracia norteamericana encarnada en Obama está así levantando ya en suelo norteamericano los primeros pisos del soñado rascacielos del Gran Gobierno.
Esta misma semana, el diario The Washington Post titulaba una de sus noticias: “La Cámara de Representantes puede intentar aprobar la ley de sanidad del Senado sin votar”.
De la posibilidad hemos pasado a la realidad pues tal es ya el caso a la hora de escribir esta columna. Esa burda estrategia es la única que facilita el camino para la aprobación final. Tal es el último juego mágico de Pelosi y los demócratas, con el apoyo expreso del propio presidente, usando esta regla llamada “Slaughter Rule” en honor de la presidenta del Comité de Reglas del Congreso. Paradójicamente “slaughter” en inglés también significa masacrar y nunca mejor dicho en este caso: porque esta táctica de los “demócratas” es todo menos demócrata y se carga la Constitución.
La estrategia a tres bandas (Obama-Pelosi-Reid) tiene por objeto aprobar del modo que mejor convenga una ley que supone la sexta parte de la economía norteamericana. Sin embargo, a nadie escapa que esas tácticas resultan absolutamente inconstitucionales. La Constitución de los Estados Unidos incluye en su artículo I, la sección 7 en la que se estipula que para que un proyecto de ley se convierta en ley debe ser votado nominalmente por las dos Cámaras, con los nombres registrados de las personas y, de aprobarse, necesita posteriormente la firma del presidente. El texto a votar, además, debe ser idéntico en ambas cámaras.
Este domingo 21 de marzo se presenta como el posible día clave para un desenlace final que ha llevado al propio Obama no sólo ya a posponer y luego suspender su programado viaje a Asia. Estamos hablando de un asunto que lleva ya más de un año pululando por los pasillos del Congreso y la Casa Blanca y que se ha convertido en la obsesión personal de un presidente venido a menos y que cuenta ya con poca credibilidad entre la mayoría de los ciudadanos, según prueba la reciente encuesta de Gallup. Por eso una “victoria” en este campo resulta clave para Obama.
Las acciones tomadas por el presidente y los líderes demócratas y la entrevista concedida este pasado miércoles por Obama a la cadena FOX, tan demonizada siempre por la Casa Blanca, muestran el nerviosismo de un Obama al borde del precipicio. El tortuoso camino de este proyecto de ley ha dejado ya de ser un tema exclusivo de la sanidad y se ha convertido en el símbolo de la abyecta gestión presidencial. Obama les ha dicho a varios congresistas que su presidencia depende de la aprobación de esta ley, pero al mandatario parece importarle poco que tal aprobación –de darse definitivamente– suponga tirar por el barranco en las próximas elecciones a cuantos congresistas de su partido apoyen la medida.
El norteamericano de a pie ha perdido ya la noción del contenido real de lo que se está discutiendo y aun de lo que se vota, pues los demócratas han preparado un anteproyecto que tiene distintas versiones y un complicado andamiaje legislativo sólo hecho público el 18 de marzo. El proyecto de ley no cuenta ahora mismo con los 216 votos necesarios por varias razones, entre ellas el que supone la intromisión del Gran Gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Tiene un monstruoso coste de 940.000 millones de dólares que se presenta como positivo alterando los números, según ha mostrado un informe y otros análisis y evaluaciones de la Heritage Foundation.
El nuevo y precipitado texto ahora a debate remienda el texto del Senado, que a su vez remendaba el anterior del Congreso, en un laberinto legislativo alejado de la ciudadanía. Además de aumentar los impuestos al ciudadano, se cubren abortos con dinero público, algo prohibido hasta ahora en Estados Unidos; se quiebra la libertad de mercado al limitar la capacidad de compra de seguros en otros estados; se crea un “mandato individual” que obliga al ciudadano a tener seguro médico o, de lo contrario, tener que pagar anualmente una multa o ser confiscado por Hacienda; se prohíbe a las personas comprar los seguros que deseen, por ejemplo, el mínimo de un seguro catastrófico, o del tipo que gusten pues el seguro tiene que tener las condiciones y puntos concretos que imponga el Gobierno; se incluyen tratos de favor a distritos particulares de políticos que apoyen la ley y se agiganta el número de inspectores de Hacienda que controlen si los norteamericanos compran obligatoriamente su seguro médico.
La posible aprobación de esta ley sanitaria a partir de este domingo será la peor noticia para Estados Unidos en muchos años y marcará el inicio de un largo debate judicial para rechazar dicha ley no sólo por la forma y proceso de aprobación cuanto por su fondo y contenido. Lo aprobado debería legalmente volver otra vez al Senado con lo que el lío no concluirá todavía.
De momento, en caso de que se apruebe hay ya varias iniciativas legales preparadas en treinta y ocho estados contra la constitucionalidad de esta ley federal. De igual modo, este noviembre hay elecciones. Se apruebe o no la ley, varios estados tendrán la oportunidad de enmendar su propia Constitución para proteger el derecho individual a no participar en un sistema sanitario monopolizado desde Washington.
ALBERTO ACEREDA
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